Las leyes aprobadas durante la II República situaron a España al nivel de las naciones más avanzadas en cuestión de igualdad de género, eliminando privilegios reconocidos hasta entonces solo al varón. Podemos destacar en este marco la creación de las escuelas mixtas y la coeducación, la ley de divorcio (1932), el derecho al voto femenino (1933) o la legalización del aborto en Cataluña (1936).
La Constitución de 1931 reconocería derechos inéditos, hasta ese momento, para la mujer como la oposición del sexo como un fundamento de privilegio jurídico (art.25), la regulación del acceso a cargos públicos, la igualdad de derechos electorales (art.36) y entre ambos sexos en el matrimonio (art.43), la obligación del Estado como regulador del trabajo de los mujeres, el divorcio, el aborto, la educación, el estado laico, la supresión de privilegios.
Recordamos esta semana el 87 aniversario de la Proclamación de la II República el 14 de abril de 1931. Se abría en España una etapa democrática de grandes avances sociales para la población pero tal vez especialmente para las mujeres, un camino hacia la igualdad en una época de reivindicaciones feministas.
El 9 de diciembre de ese mismo año, el Congreso de la II República aprobó su Constitución, un texto legal avanzado que concedía a la ciudadanía un amplio catálogo de derechos civiles inéditos hasta ese momento.
Define al país en su artículo 1 como “una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia.” En su artículo 2 proclamaba la igualdad de todos los españoles ante la ley y en el tercero la laicidad del Estado: “El Estado español no tiene religión oficial.”
Avanzando en el texto constitucional de 1931, encontramos otro artículo, el 25, que cita expresamente la igualdad de todas las personas independientemente de su sexo “No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios”.
A partir de la igualdad proclamada en los artículos 2 y 25, la II República desarrolla una legislación que va a dotar a las mujeres de una posición de igualdad legal que nunca antes había alcanzado y que dará lugar a que la mujer ocupe espacios de poder reservados hasta el momento exclusivamente a los hombres.
El desarrollo de esta legislación y el reconocimiento de la igualdad legal responden también a las demandas de un activo movimiento feminista que desde la década de los años 20 y a través de distintos colectivos de mujeres ─colectivos culturales, políticos, sindicales─ reclamaron derechos y un lugar en la sociedad que les había estado vetado hasta ese momento. Sirvan como ejemplos, la “Unión Republicana Femenina”, impulsada en 1931 por Clara Campoamor; la “Asociación Femenina de Educación Cívica”, promovida por María Lejárraga en 1932 o la agrupación anarquista “Mujeres Libres” fundada ya en 1936 y liderada por Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Comaposada y Amparo Poch y Gascón.
En las primeras elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931 fueron elegidas, a través del sufragio pasivo (mujeres elegibles aunque aun no electoras), las tres primeras diputadas electas de la historia de este país: Clara Campoamor, Victoria Kent ─ que fue nombrada directora general de Prisiones─, y Margarita Nelken.
Durante estas Cortes Constituyentes y antes incluso de aprobarse la constitución, tras un intenso debate en la Cámara y la gran defensa de Clara Campoamor, se aprobó el 1 de octubre de 1931, el derecho al sufragio femenino que pudieron ejercer las mujeres por primera vez en las elecciones generales del 1933.
El 11 de marzo de 1932 era promulgada la primera Ley del Divorcio en España, que se reconocía en el art. 43 de la Constitución republicana, junto a la igualdad de derechos del hombre y la mujer dentro del matrimonio: “El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges.”
En este mismo artículo también se les reconocía igualdad de derechos a los hijos habidos dentro o fuera de un matrimonio, lo que ofrecía amparo a las madres solteras.
También se le reconoció a la mujer igualdad en derechos laborales y el igual acceso a empleos y cargos públicos; concretamente, el artículo 46 de la Constitución del 31 asegura a todo trabajador, hombre o mujer, la regulación de “los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas;…”; lo que obligó a prohibir las cláusulas de despido por maternidad o matrimonio.
Por otra parte, la intensa labor de la Enseñanza Pública en la España de la II República, que llevó la escuela al medio rural, facilitó el acceso de la población a la escolarización, lo que hizo ascender notablemente los índices de alfabetización, especialmente entre las mujeres.
Respecto a la homosexualidad, hay que señalar que no estaba perseguida en la España de la II República al haber sido eliminada del Código Penal.
En 1937, ya en plena Guerra Civil, por iniciativa de la ministra de Sanidad, Federica Montseny ─la primera mujer en la historia de España que ocupó una cartera ministerial─, se aprobó la primera Ley del Aborto que llegó a aplicarse en Catalunya.
Como se puede concluir, la II República concedió a la mujer el papel protagonista y los derechos legales que el movimiento feminista del momento estaba demandando. Desde su acceso al mundo político, la mujer adquiere un papel dinamizador de las luchas sociales que la llevan a conquistar derechos laborales y legales dentro del marco de la II República, un régimen que facilitó el desarrollo del feminismo y la igualdad de la mujer.
Tristemente, todos estos logros, todo este camino hacia la igualdad se vio truncado en 1939 con el triunfo del fascismo golpista en la Guerra Civil. La situación de la mujer durante el régimen franquista retrocedió radicalmente hasta una posición humillante que la redujo a un ser permanentemente tutelado, a quien se le negaba la iniciativa propia y supeditado a la voluntad de un hombre.
Pasarían muchos años hasta poder recuperar derechos básicos como la Ley del Divorcio en 1981 o la Ley del aborto en 1985. Un camino en el que seguimos avanzando y en el que muchas mujeres de la II República pueden seguir siendo un ejemplo vigente y una elocuente inspiración.
¡¡Fuera privilegios. Fuera la monarquía!!
¡Feliz 14 de Abril, Día de la República!
¡VIVA LA REPUBLICA!
¡A por la Tercera!
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