Manifiesto por los Derechos de las Mujeres. Madrid, 8 de marzo de 2020
Mujeres:
Tal día como hoy, en 1857, centenares de trabajadoras marcharon por las calles de Nueva York. Años más tarde, la ciudad fue de nuevo testigo de las huelgas de las mujeres de las fábricas, saldadas con la represión y el fuego. El mes de marzo está marcado en el calendario por nuestra sangre y nuestra lucha centenaria. 163 años después, nos convocamos una vez más reclamando justicia.
Hoy, 8 de marzo de 2020, Día de las Mujeres, el Movimiento Feminista de Madrid MANIFIESTA:
Exigimos el fin de la violencia contra nuestro sexo, porque no hay paz para las mujeres. No la hay con un comienzo de año negro, con 19 mujeres y una niña asesinadas en este país por el terrorismo machista. Si oficialmente se cuentan 1.046 asesinadas por violencia de género desde 2003, se esconde gran parte de la verdad: los feminicidios son casi el doble. Las cifras de víctimas repuntan desde 2017. Toda la dimensión del terror de estos crímenes ha de ser tenida en cuenta.
Millones de mujeres en el mundo impulsan una ola de indignación contra la violencia, entre la resistencia y la furia de nuestras hermanas en América Latina. No es solo cuestión de Estado: es un grito global.
Desde 2013, el terror machista ha acabado en España con la vida de 35 niños y niñas y ha dejado en orfandad a otros 286. Demandamos que el reconocimiento a las familias de las víctimas se equipare al de otros terrorismos. No hay paz para nosotras cuando a la vez que honramos a las víctimas, se instala el negacionismo reaccionario: la extrema derecha ha declarado la guerra a las mujeres.
Esta es una lucha que apela a la conciencia de toda la sociedad. Exigimos acompañamiento y protección a las mujeres, formación de los agentes implicados, creación de juzgados especializados y unidades de valoración forense integral. La dispensa de la obligación de declarar contra su agresor es contraria a la lucha contra la violencia de género y deviene, en muchos casos, en impunidad. Más allá de los minutos de silencio, ¡basta ya de justicia patriarcal!
No haber sido capaz de proteger a las más de 200 mujeres que hoy estarían vivas tras dar la voz de alarma ante la justicia, es el mayor fracaso de nuestra democracia.
Una gran mayoría de las asesinadas no llegó a denunciar nunca: no es fácil dar ese paso. Es también una alerta de la desconfianza de las mujeres en un sistema que cuestiona su credibilidad. Si queremos salvar vidas, es urgente impulsar ya el título habilitante sin denuncia previa. Deben ponerse en marcha las medidas acordadas, porque es posible ayudar a muchas desde el cribado sanitario y los ayuntamientos. Exigimos transparencia para conocer el destino de los fondos de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que lleva ya dos años firmado.
La custodia compartida impuesta, la nueva coordinación de parentalidad o el falso síndrome de alienación parental son estrategias de coacción y castigo a las mujeres que promueven sectores reaccionarios. El feminismo no va a consentir la expansión de sus mentiras.
Todas las violencias machistas son expresiones de una misma ideología de odio. El aumento de las denuncias por violación en un 49% en el último trienio obliga a dar respuestas. En las 177 agresiones sexuales múltiples registradas desde 2016, se han identificado, al menos, 141 menores entre los agresores. Casi un 40% de las víctimas era menor de edad. Hasta la Fiscalía General de Estado califica como “muy inquietante” el incremento de la violencia sexual entre los jóvenes. Sin el impulso feminista, no se habrían llevado al legislativo las reformas en marcha sobre libertades sexuales. Demandamos que la nueva ley elimine el requisito de la denuncia previa cuando hay evidencias de violencia sexual. Reclamamos los argumentos de la propuesta que rebaja las penas por agresión sexual. Hay que acabar con la cultura de la violación y con las manadas.
La prostitución debe ser reconocida como violencia machista. Es en sí misma un atentado contra la libertad y la integridad personal, toda vez que implica el sometimiento sexual de quien necesita dinero. La prostitución reafirma y perpetúa la desigualdad entre los sexos, pues tiene su raíz en el núcleo duro del patriarcado: la subordinación de la mujer al varón. Porque lo contrario de la abolición es la barbarie, el feminismo es abolicionista.
La industria sexual es hoy una multinacional del crimen. La captación se alimenta de la violencia, la marginación, el abuso infantil o la necesidad, mientras la demanda sigue esquivando el foco: las redes proxenetas mueven cohortes de mujeres y niñas desde países más pobres, para satisfacer a los varones de países más ricos. En la última década se registraron 51 asesinatos de mujeres en prostitución. La verdadera revuelta puteril la traen las voces de las supervivientes, que hablan de “campos de concentración”. Las especialistas alertan de secuelas muy graves. La vulnerabilidad de las jóvenes encuentra uno de sus exponentes en las menores tuteladas por el Estado, para las que exigimos el máximo nivel de protección.
El modelo nórdico reduce los daños, mientras la regularización en Alemania es un tremendo fracaso. Nuestro país, tercer destino mundial de turismo sexual, necesita una ley abolicionista de la prostitución. Una ley que no penalice a las mujeres, sino que les brinde alternativas económicas, formativas, de empleo, habitacionales o de cualquier índole. Que persiga al proxeneta y al tratante. Una ley que sancione la demanda de pago por violar, elevando hasta la línea de los derechos humanos lo que esta sociedad considera aceptable.
Denunciamos el cabildeo que ha llegado hasta la Universidad para hacer propaganda de la prostitución como una salida laboral para las estudiantes. Cuando un Estado legaliza la prostitución, se hace cómplice por sus tributos. Debemos dar nuestro ejemplo para avanzar hacia la abolición internacional.
Si la prostitución es violencia machista, el porno es su pedagogía. El capitalismo salvaje ha dejado el acceso libre de los más jóvenes a una pornografía que escala por la extrema violencia sexual. En sus grandes plataformas en internet se suben millones de videos por año: uno de los términos más buscados es “adolescente”.
Es hora de cerrar sitios web y responsabilizar a sus ejecutivos, de dejar de mirar para otro lado ante la pedofilia. Se necesita una apuesta por la coeducación, con una educación sexual para la igualdad, que no sea solo un complemento en el currículo escolar. La verdadera “teoría del porno” es la misoginia.
La explotación sexual y la reproductiva comparten una profunda deshumanización. El alquiler de mujeres embarazadas para la compra venta de seres humanos es un atentado a la igualdad y a los derechos de filiación de madres e hijos. Nuestro ordenamiento debe tipificar explícitamente como delito esta práctica y considerar ilícita cualquier promoción de ella. Nuestras garantías deben incluir los “vientres de importación”, que sortean la ley, y derogar la Instrucción de 2010, sobre el régimen registral de la filiación, que nos instala en la ambigüedad legal.
Es inadmisible que desde los medios de comunicación se dé un tratamiento sesgado que normaliza la cosificación del alquiler de mujeres y la compra de bebés. Desde los medios se difunden también la hipersexualización de las niñas y la mercantilización sexual; en casos extremos, se rentabiliza el morbo amarillista sobre las víctimas. Si los medios de comunicación son una pieza clave para combatir el machismo, igualmente lo son para perpetuarlo. Su responsabilidad es ser garantes del derecho a la información, desde el principio de igualdad.
Las feministas venimos de lejos, y han sido muchas las luchas por el derecho al aborto. Exigimos un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sin el acoso de la ultraderecha religiosa, revertir la contrarreforma que afecta a las jóvenes de 16 y 17 años más vulnerables, anticonceptivos de última generación gratuitos, y la garantía de las prestaciones en la sanidad pública.
En verdad somos disidentes: lo somos contra los límites de una feminidad impuesta. Si no hay cerebros rosas ni azules, no hay juegos de niños o cosas de niñas. Nosotras somos abolicionistas del género. Es un pilar del feminismo acabar con esta construcción política que nos subordina como clase sexual. Millones de niñas en el mundo saben que ser mujer no es un sentimiento cuando mutilan sus genitales o se les impone sumisión bajo el velo patriarcal. No podemos diluirnos como sujeto político del feminismo ni permitir la implantación normativa de una neolengua que nos hace invisibles, que redacta “progenitor gestante” por “madre” en textos legales. El sexo es una realidad políticamente significativa y si no frenamos este borrado, la igualdad quedará entrampada en la diversidad.
Nosotras no estamos en conflicto con la libre expresión de la personalidad. Tampoco con la protección legítima de cualquier colectivo. Afirmamos que promulgar leyes de autoidentidad sexual, fusionada con el género, no sujeta a nada verificable salvo la voluntad de cada momento, es problemático para las mujeres. Tratar de imponernos silencio por ello es antidemocrático.
Legislar sin prever todas las derivadas podría dificultar las políticas para la paridad o contra la violencia sexual, desvirtuar espacios en los que la seguridad y la privacidad son importantes, especialmente para las más vulnerables. Perjudicaría, asimismo, la posibilidad de competiciones deportivas justas para mujeres y niñas.
Alcanzar la independencia económica que permita a todas una vida digna es imprescindible. La realidad sigue siendo que las mujeres estamos discriminadas en el ámbito laboral. La brecha salarial está en el 21,9% en el cómputo estatal, en la Comunidad de Madrid llega al 25,9%.
Las mujeres ganan al año casi 6.000 euros menos que los hombres. Tenemos la mayor parte de los contratos a tiempo parcial y una tasa de paro al menos tres puntos más alta que los varones. Somos el máximo exponente de la precariedad en nuestro país, porque el patriarcado y el capitalismo se aseguran de mantenernos con las peores condiciones laborales y con la carga casi en exclusiva de los cuidados y las tareas del hogar. Exigimos una ley de igualdad salarial, como herramienta para la negociación colectiva, mecanismos para que el empresariado cumpla la legislación vigente en esta materia, y que las administraciones autonómicas y locales implementen medidas de igualdad laboral.
Necesitamos políticas eficaces sobre corresponsabilidad y gestión pública, cuando los cuidados no pagados en España supondrían un 15% del Producto Interior Bruto. Por si fuera poco, al concluir nuestra vida laboral, la brecha en las pensiones es incluso más profunda, de media un 35% inferiores a las de los hombres. El reconocimiento como gananciales de las cotizaciones a la Seguridad Social reduciría la injusticia de la carga adicional de trabajo que realizan las mujeres para sus familias.
El espejo de la pobreza en este país devuelve el rostro de una mujer. La mitad de las familias monomarentales se sitúa en ella, debido a la falta de legislación y protección por parte de los gobiernos. Si existe un colectivo precario en el empleo es el de las empleadas domésticas, para las que el Estado debe ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. En su visita a España, el relator especial de Naciones Unidas las ha escuchado a ellas, a las mujeres gitanas en el umbral de la marginación o a las temporeras del campo, y ha dado un serio aviso sobre un sistema de protección roto.
El reconocimiento del talento de las mujeres también es hacer justicia. Vindicamos el valor de nuestra aportación al acervo común en la creación y el conocimiento. Es una gran misión de rescate colocar a las viejas maestras en las páginas de historia, abrir los cánones de la academia y verlas como referentes. Es preciso hacer cumplir la ley de igualdad, con la presencia equitativa de ambos sexos en los mandos públicos y privados.
Cada 8 de marzo y cada día del año, la vindicación de las mujeres se oirá en esta ciudad y en todo el mundo. El abolicionismo no es solo el camino por la consecución de una ley, al igual que el sufragismo no fue solo la lucha por la conquista del voto. Aquel fue un genuino movimiento de liberación encabezado por una vanguardia no siempre comprendida, y eso mismo ocurre, más de cien años después, con el movimiento abolicionista, que se rearma cada día.
Nosotras hoy debemos ser dignas herederas de esas voces, porque nosotras, las abolicionistas, somos las nuevas sufragistas.
Por eso nos hemos convocado aquí, junto al recuerdo de la republicana Clara Campoamor. Ella era una de aquellas sufragistas y abolicionistas. El diario de sesiones del Congreso guarda cómo la misma diputada que había ganado el voto para las mujeres, hablaba de la quiebra ética para el Estado y de la crueldad de no proteger a aquellas jóvenes cuyos cuerpos eran tratados como una mercancía.
Nosotras no olvidamos. El eco de esas feministas republicanas está aquí porque aún somos la resistencia y alzamos nuestra voz para que viva la lucha de las mujeres.
El modelo nórdico reduce los daños, mientras la regularización en Alemania es un tremendo fracaso. Nuestro país, tercer destino mundial de turismo sexual, necesita una ley abolicionista de la prostitución. Una ley que no penalice a las mujeres, sino que les brinde alternativas económicas, formativas, de empleo, habitacionales o de cualquier índole. Que persiga al proxeneta y al tratante. Una ley que sancione la demanda de pago por violar, elevando hasta la línea de los derechos humanos lo que esta sociedad considera aceptable.
Denunciamos el cabildeo que ha llegado hasta la Universidad para hacer propaganda de la prostitución como una salida laboral para las estudiantes. Cuando un Estado legaliza la prostitución, se hace cómplice por sus tributos. Debemos dar nuestro ejemplo para avanzar hacia la abolición internacional.
Si la prostitución es violencia machista, el porno es su pedagogía. El capitalismo salvaje ha dejado el acceso libre de los más jóvenes a una pornografía que escala por la extrema violencia sexual. En sus grandes plataformas en internet se suben millones de videos por año: uno de los términos más buscados es “adolescente”.
Es hora de cerrar sitios web y responsabilizar a sus ejecutivos, de dejar de mirar para otro lado ante la pedofilia. Se necesita una apuesta por la coeducación, con una educación sexual para la igualdad, que no sea solo un complemento en el currículo escolar. La verdadera “teoría del porno” es la misoginia.
La explotación sexual y la reproductiva comparten una profunda deshumanización. El alquiler de mujeres embarazadas para la compra venta de seres humanos es un atentado a la igualdad y a los derechos de filiación de madres e hijos. Nuestro ordenamiento debe tipificar explícitamente como delito esta práctica y considerar ilícita cualquier promoción de ella. Nuestras garantías deben incluir los “vientres de importación”, que sortean la ley, y derogar la Instrucción de 2010, sobre el régimen registral de la filiación, que nos instala en la ambigüedad legal.
Es inadmisible que desde los medios de comunicación se dé un tratamiento sesgado que normaliza la cosificación del alquiler de mujeres y la compra de bebés. Desde los medios se difunden también la hipersexualización de las niñas y la mercantilización sexual; en casos extremos, se rentabiliza el morbo amarillista sobre las víctimas. Si los medios de comunicación son una pieza clave para combatir el machismo, igualmente lo son para perpetuarlo. Su responsabilidad es ser garantes del derecho a la información, desde el principio de igualdad.
Las feministas venimos de lejos, y han sido muchas las luchas por el derecho al aborto. Exigimos un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sin el acoso de la ultraderecha religiosa, revertir la contrarreforma que afecta a las jóvenes de 16 y 17 años más vulnerables, anticonceptivos de última generación gratuitos, y la garantía de las prestaciones en la sanidad pública.
En verdad somos disidentes: lo somos contra los límites de una feminidad impuesta. Si no hay cerebros rosas ni azules, no hay juegos de niños o cosas de niñas. Nosotras somos abolicionistas del género. Es un pilar del feminismo acabar con esta construcción política que nos subordina como clase sexual. Millones de niñas en el mundo saben que ser mujer no es un sentimiento cuando mutilan sus genitales o se les impone sumisión bajo el velo patriarcal. No podemos diluirnos como sujeto político del feminismo ni permitir la implantación normativa de una neolengua que nos hace invisibles, que redacta “progenitor gestante” por “madre” en textos legales. El sexo es una realidad políticamente significativa y si no frenamos este borrado, la igualdad quedará entrampada en la diversidad.
Nosotras no estamos en conflicto con la libre expresión de la personalidad. Tampoco con la protección legítima de cualquier colectivo. Afirmamos que promulgar leyes de autoidentidad sexual, fusionada con el género, no sujeta a nada verificable salvo la voluntad de cada momento, es problemático para las mujeres. Tratar de imponernos silencio por ello es antidemocrático.
Legislar sin prever todas las derivadas podría dificultar las políticas para la paridad o contra la violencia sexual, desvirtuar espacios en los que la seguridad y la privacidad son importantes, especialmente para las más vulnerables. Perjudicaría, asimismo, la posibilidad de competiciones deportivas justas para mujeres y niñas.
Alcanzar la independencia económica que permita a todas una vida digna es imprescindible. La realidad sigue siendo que las mujeres estamos discriminadas en el ámbito laboral. La brecha salarial está en el 21,9% en el cómputo estatal, en la Comunidad de Madrid llega al 25,9%.
Las mujeres ganan al año casi 6.000 euros menos que los hombres. Tenemos la mayor parte de los contratos a tiempo parcial y una tasa de paro al menos tres puntos más alta que los varones. Somos el máximo exponente de la precariedad en nuestro país, porque el patriarcado y el capitalismo se aseguran de mantenernos con las peores condiciones laborales y con la carga casi en exclusiva de los cuidados y las tareas del hogar. Exigimos una ley de igualdad salarial, como herramienta para la negociación colectiva, mecanismos para que el empresariado cumpla la legislación vigente en esta materia, y que las administraciones autonómicas y locales implementen medidas de igualdad laboral.
Necesitamos políticas eficaces sobre corresponsabilidad y gestión pública, cuando los cuidados no pagados en España supondrían un 15% del Producto Interior Bruto. Por si fuera poco, al concluir nuestra vida laboral, la brecha en las pensiones es incluso más profunda, de media un 35% inferiores a las de los hombres. El reconocimiento como gananciales de las cotizaciones a la Seguridad Social reduciría la injusticia de la carga adicional de trabajo que realizan las mujeres para sus familias.
El espejo de la pobreza en este país devuelve el rostro de una mujer. La mitad de las familias monomarentales se sitúa en ella, debido a la falta de legislación y protección por parte de los gobiernos. Si existe un colectivo precario en el empleo es el de las empleadas domésticas, para las que el Estado debe ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. En su visita a España, el relator especial de Naciones Unidas las ha escuchado a ellas, a las mujeres gitanas en el umbral de la marginación o a las temporeras del campo, y ha dado un serio aviso sobre un sistema de protección roto.
El reconocimiento del talento de las mujeres también es hacer justicia. Vindicamos el valor de nuestra aportación al acervo común en la creación y el conocimiento. Es una gran misión de rescate colocar a las viejas maestras en las páginas de historia, abrir los cánones de la academia y verlas como referentes. Es preciso hacer cumplir la ley de igualdad, con la presencia equitativa de ambos sexos en los mandos públicos y privados.
Cada 8 de marzo y cada día del año, la vindicación de las mujeres se oirá en esta ciudad y en todo el mundo. El abolicionismo no es solo el camino por la consecución de una ley, al igual que el sufragismo no fue solo la lucha por la conquista del voto. Aquel fue un genuino movimiento de liberación encabezado por una vanguardia no siempre comprendida, y eso mismo ocurre, más de cien años después, con el movimiento abolicionista, que se rearma cada día.
Nosotras hoy debemos ser dignas herederas de esas voces, porque nosotras, las abolicionistas, somos las nuevas sufragistas.
Por eso nos hemos convocado aquí, junto al recuerdo de la republicana Clara Campoamor. Ella era una de aquellas sufragistas y abolicionistas. El diario de sesiones del Congreso guarda cómo la misma diputada que había ganado el voto para las mujeres, hablaba de la quiebra ética para el Estado y de la crueldad de no proteger a aquellas jóvenes cuyos cuerpos eran tratados como una mercancía.
Nosotras no olvidamos. El eco de esas feministas republicanas está aquí porque aún somos la resistencia y alzamos nuestra voz para que viva la lucha de las mujeres.
Adhesión al Manifiesto por los Derechos de la Mujeres. Madrid. 8 de marzo de 2020
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